1. Titular del sitio web
- Titular
- Eduardo Fernández Álvarez
- Nombre comercial
- Gestoría Eduardo
- Domicilio profesional
- Calle Morejón, 4, 28010 Madrid, España
- Correo electrónico
- gfalvarez.2002@gmail.com
- Teléfono
- +34 912 102 631
2. Actividad profesional
- Actividad
- Abogado y gestor administrativo
- Estado de expedición del título
- España
La información del sitio es general y no sustituye el análisis profesional de un expediente ni crea por sí sola una relación abogado-cliente o gestor-cliente.
3. Objeto y acceso
El sitio presenta servicios de gestoría y asesoría, facilita información de contacto y permite solicitar una consulta o una cita. El acceso es gratuito, salvo el coste de conexión contratado por cada usuario.
La solicitud enviada por la web no constituye una contratación ni confirma automáticamente una cita.
4. Uso permitido
- La persona usuaria se compromete a utilizar la web y sus formularios de manera lícita y de buena fe.
- No se permite introducir código malicioso, intentar acceder a áreas restringidas o automatizar consultas abusivas.
- La persona usuaria responde de que la información facilitada es veraz y de que puede comunicarla legítimamente.
5. Propiedad intelectual e industrial
Los textos, diseño, logotipos, código y demás contenidos propios están protegidos por la normativa aplicable. No se autoriza su explotación fuera de los usos permitidos por la ley sin consentimiento previo. Los recursos de terceros mantienen sus licencias y atribuciones; la atribución del modelo 3D figura en el pie de página.
6. Responsabilidad y enlaces
- Se procura mantener la información correcta, pero la normativa y los procedimientos pueden cambiar.
- No se garantizan la disponibilidad ininterrumpida del sitio ni los tiempos de respuesta de organismos externos.
- Los enlaces externos se facilitan como referencia. Sus contenidos y prácticas dependen de sus titulares.
- Las decisiones sobre un caso deben adoptarse tras revisar sus hechos, documentos y plazos concretos.
7. Legislación y jurisdicción
Se aplica la legislación española. Cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales que resulten competentes conforme a la normativa aplicable, respetando en todo caso los derechos de consumidores y usuarios.